El Debate sobre la Eliminación de la UF en Chile
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un controvertido proyecto de ley que busca eliminar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en contratos de arriendo, dividendos hipotecarios, educación y salud. La iniciativa, propuesta en 2023 por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS), argumenta que la UF, que se reajusta diariamente según el IPC, perjudica a los ciudadanos al crecer con la inflación mientras los sueldos se mantienen en pesos.
El proyecto propone que todos los pagos se realicen en moneda nacional, buscando aliviar la carga económica sobre las familias chilenas. Sin embargo, la propuesta ha generado fuerte polémica. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha advertido que su implementación podría ser un “terremoto” para el crédito hipotecario.
Según Marcel, la eliminación de la UF obligaría a los bancos a asumir el riesgo inflacionario, lo que se traduciría en tasas de interés más altas y condiciones de financiamiento más estrictas para los créditos hipotecarios. Esto, a su vez, dificultaría aún más el acceso a la vivienda para las familias de ingresos medios y bajos. Además, señala que la UF ha sido crucial para el desarrollo de instrumentos financieros de largo plazo y la expansión del mercado hipotecario chileno.
Más allá del sector inmobiliario, el ministro también ha expresado preocupación por el impacto en los contratos de salud previsional, donde la UF se utiliza en cotizaciones y topes imponibles, sin garantizar que su eliminación reduzca directamente los costos de los planes.
El debate resalta una tensión entre la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y el riesgo de desestabilizar pilares económicos clave, como el mercado hipotecario. El proyecto continuará su tramitación legislativa, enfrentando un análisis profundo sobre sus potenciales consecuencias para la economía chilena.
La propuesta de eliminar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en contratos de arriendo, dividendos hipotecarios, educación y salud generaría un impacto significativo en la población chilena, afectando a diversos segmentos de manera diferenciada. Si bien la intención es aliviar la carga de pagos que se reajustan con la inflación, los expertos y el gobierno advierten sobre posibles efectos adversos que podrían, paradójicamente, perjudicar a quienes se busca proteger.
Impacto General en la Población
La UF fue creada para proteger el valor de los contratos de largo plazo de la inflación. Su eliminación o la prohibición de su uso como mecanismo de cobro podría generar una serie de cambios en la estabilidad económica del país, con consecuencias directas para el ciudadano común:
- Mayor Incertidumbre Económica: Al no existir un referente que reajuste los valores por la inflación, tanto deudores como acreedores enfrentarían una mayor incertidumbre sobre el valor real de sus pagos y deudas en el tiempo. Esto podría llevar a decisiones financieras más conservadoras y a una menor inversión.
- Volatilidad en los Precios: Sin la UF, muchos precios que hoy están indexados de forma transparente (como arriendos, planes de salud, etc.) tendrían que buscar otros mecanismos de reajuste o se establecerían con un “colchón” de seguridad que podría ser más alto de lo necesario para cubrir la inflación esperada.
- Posible Pérdida de Acceso a Servicios: Si los proveedores de servicios (bancos, inmobiliarias, clínicas, universidades) enfrentan mayores riesgos, podrían restringir su oferta o hacerla menos accesible para ciertos segmentos.
Segmentos de la Población Más Afectados
El impacto no sería uniforme, y ciertos grupos se verían más afectados que otros:
- Personas que Buscan Créditos Hipotecarios (Especialmente de Ingresos Medios y Bajos):
- Tasas de Interés Más Altas: Los bancos, al asumir el riesgo de la inflación, tendrían que elevar sustancialmente las tasas de interés de los créditos hipotecarios para protegerse. Esto significa que las cuotas mensuales iniciales serían mucho más elevadas. Algunos expertos hablan de cuotas que podrían ser 50% o el doble más altas.
- Menor Acceso al Financiamiento: Con cuotas iniciales más caras y condiciones de financiamiento más estrictas (mayores requisitos de pie, plazos más cortos), sería mucho más difícil para las familias, especialmente aquellas con ingresos medios y bajos, acceder a la vivienda propia. Esto agravaría el déficit habitacional existente.
- Menor Oferta de Viviendas: Los inversionistas y constructoras podrían desincentivarse a desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios si enfrentan mayor incertidumbre en el retorno de su inversión, lo que a largo plazo reduciría la oferta de viviendas y podría incluso encarecer los precios de los inmuebles existentes.
- Arrendatarios:
- Contratos de Arriendo Menos Flexibles o Más Caros: Actualmente, la mayoría de los arriendos se pactan en UF, lo que protege al propietario de la pérdida de valor de su renta por la inflación. Si se elimina la UF, los propietarios podrían optar por:
- Establecer reajustes anuales directamente vinculados al IPC (similar a lo actual, pero sin la flexibilidad de la UF).
- Fijar arriendos iniciales más altos para cubrir el riesgo inflacionario futuro.
- Ofrecer contratos a plazos más cortos para poder ajustar el precio con mayor frecuencia.
- Dolarizar los arriendos en algunos segmentos, trasladando el riesgo cambiario al arrendatario.
- Mayor Incertidumbre en el Valor Futuro: Los arrendatarios perderían la previsibilidad que da la UF sobre el ajuste diario, aunque gradual, de su arriendo. Sin ella, podrían enfrentarse a reajustes anuales que, de golpe, sean más difíciles de asumir si no van acompañados de aumentos salariales proporcionales.
- Deudores de Créditos en General (Consumo, Automotrices):
- Aunque el proyecto se enfoca en hipotecarios, arriendos, salud y educación, el principio podría extenderse a otros tipos de créditos. Si los bancos enfrentan mayores riesgos inflacionarios, podrían ajustar las tasas de interés al alza para todo tipo de financiamiento, encareciendo el acceso al crédito para la población en general.
- Estudiantes y Familias con Planes de Salud:
- Costos Educacionales y de Salud: Los aranceles universitarios, matrículas escolares y planes de ISAPRES, que actualmente se expresan en UF, pasarían a cobrarse en pesos. El ministro Marcel ha señalado que esto no necesariamente reduciría los costos, ya que las instituciones y las Isapre buscarían mecanismos para protegerse de la inflación, lo que podría traducirse en ajustes anuales más bruscos o precios iniciales más elevados.
- Menor Transparencia en Ajustes: La UF permite una reajustabilidad gradual y conocida. Sin ella, los reajustes podrían ser más discrecionales y menos predecibles para el usuario final.
- Ahorrantes e Inversionistas de Largo Plazo:
- Desincentivo al Ahorro: La UF ha sido un pilar para el ahorro a largo plazo, ya que protege el poder adquisitivo del dinero. Si se elimina, se desincentivaría el ahorro en instrumentos en pesos, y la gente buscaría refugio en otras monedas o activos, lo que podría generar mayor dolarización y menor inversión interna.
- Menos Instrumentos Financieros: La eliminación de la UF limitaría el desarrollo de instrumentos de inversión de largo plazo que requieren una forma de reajuste para ser atractivos.
Argumentos de los Promotores y su Contraposición
Los impulsores del proyecto, como el diputado Manouchehri, enfatizan que la UF ha generado un descalce entre los sueldos (en pesos) y los cobros (en UF), afectando el bolsillo de los chilenos. Sostienen que no hay un mecanismo que reajuste los salarios de las personas al mismo ritmo que la UF.
Sin embargo, los críticos argumentan que el problema de fondo no es la UF en sí, sino la inflación y la falta de un mecanismo de reajuste salarial más robusto. Eliminar la UF sin abordar la inflación de raíz sería como “curar la fiebre rompiendo el termómetro”, trasladando el riesgo inflacionario a otros actores de la economía, principalmente a los consumidores finales a través de precios más altos y condiciones de acceso más restrictivas. Los expertos enfatizan que la UF es una herramienta de estabilidad en economías inflacionarias y que su eliminación, sin una alternativa sólida, podría generar mayor inestabilidad.
En conclusión, si bien el proyecto busca beneficiar a la población al simplificar los cobros y eliminar la indexación a la inflación, los efectos advertidos por expertos sugieren que podría tener consecuencias negativas, especialmente para los segmentos de ingresos medios y bajos que aspiran a la vivienda propia, y para la estabilidad general del mercado financiero y de servicios esenciales en Chile.
Fuente: Jeser Lara
Periodista BBCL
Publicado Jueves 17 julio de 2025
